Nota
Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras
Con un fallo fundamentado en el voto de un juez que además es uno de los más reconocidos escritores de habla hispana, Héctor Tizón, los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella, Jujuy, obtuvieron sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (la corte suprema jujeña) que en términos prácticos detiene la instalación de una mina de uranio en la zona de la Quebrada (en territorios de comunidades indígenas).
Tizón planteó el peligro cierto de contaminación por parte de las mineras “hasta que se demuestre lo contrario”, definió el derecho a un medio ambiente sano como un Derecho Humano Fundamental, mencionó los posibles daños generacionales y calificó como “papelón internacional” dejar en manos mineras una zona como la de la Quebrada, considerada Patrimonio de la Humanidad.
El caso había provocado un estado de movilización durante los últimos dos años en esa zona, tal como se reflejó en Mu n° 17 (ver más abajo).
El Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos, pero ahora la máxima instancia judicial, fundada en el voto del juez Tizón, vuelve a darle cabida.
- Descargarel fallo de la Suprema Corte de Jujuy en formato .doc
Cianuro, mercurio & compañía
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara contra la Minería a Cielo Abierto explicaron en un comunicado que el recurso de amparo contra la minera Uranios del Sur había sido presentado el 1° de agosto del 2008, “exigiendo que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy”.
Parte de las bolsas con pastillas de cianuro que Mu encontró en la mina Pan de Azúcar, en la Puna. En la Quebrada querían instalar una mina de uranio.
La empresa había tramitado permisos en 14.100 hectáreas en la zona Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite.
El dictamen del máximo tribunal se basó en los argumentos expuestos por el juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón. (Expte 6706/09).
Tizón reconoció la plena vigencia del “principio precautorio” consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que postula que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible.
Lo que escribe un juez
Juez y escritor Héctor Tizón
El juez Tizón aseguró además que “los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación”.
Agregó: “Cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental”.
Otro argumento: “No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental”.
Tomando otro paradigma del derecho ambiental moderno, Tizón mencionó el de daños generacionales: “Es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.
Otro cuestionamiento del voto de Héctor Tizón: “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable”, y tildó de “papelón internacional”, a la posible revocación de esa consideración, asegurando además que la misma “causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”
Olimpiadas de ignorancia
En el dictamen el Superior Tribunal cuestionó además fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los jueces Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales, quienes según los fundamentos de Tizón “desatendieron e ignoraron olímpicamente” la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy (los torneos de ignorancia olímpica por los derechos ambientales se verifican no sólo en Jujuy).
Casi como despedida, consideró que “la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”.
El Superior Tribunal (con las firmas de los jueces José Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González, decidió revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir nuevamente al Tribunal de origen, el expediente para que se vuelva a considerar el pedido de la comunidad de Tilcara organizada en asamblea.
“No permitiremos el saqueo”
En su comunicado, los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella plantean, textualmente:
* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de “progreso” para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy. Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra.
Datos de un juez
Héctor Tizón nació en Yala, Jujuy en 1929. El último mes de octubre cumplió 80 años. Fue abogado, periodista, diplomático. Es de los argentinos que debió exiliarse en 1976, tiempos de la dictadura (más candidatos para las olimpiadas de la ignorancia). Como novelista y cuentista ha sido traducido al francés, inglés, ruso, polaco y alemán. Ganó toda clase de premios y reconocimientos locales e internacionales, incluido el del gobierno francés que lo consideró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En Palpalá una calle lleva su nombre.
Y no necesita de estas enumeraciones para saber que cuenta con lo más difícil de lograr: el prestigio y el respeto.
Sus obras:
- A un costado de los rieles (1960)
- Fuego en Casabindo (1969)
- El cantar del profeta y el bandido (1972)
- El jactancioso y la bella (1972)
- Sota de bastos, caballo de espadas (1975)
- El traidor venerado (1978)
- La casa y el viento (1984)
- Recuento (1984) (antología personal)
- El hombre que llegó a un pueblo (1988)
- El gallo blanco (1992)
- Luz de las crueles provincias (1995)
- La mujer de Strasser (1997)
- Extraño y pálido fulgor (1999)
Para entender el conflicto
Mu estuvo en Tilcara y la Puna en 2008, investigando los temas mineros en Jujuy, y las movilizaciones de las comunidades y organizaciones que dieron nacimiento a este fallo.
Fue la tapa del número 17 de la revista: “A la gran Puna”, una radiografía de la sociedad y de un negocio, que permitió detectar incluso las bolsas de cianuro en minas abandonadas. Este es el texto completo de aquella crónica.
Apunando a las mineras
Una movilización vecinal logró frenar la amenaza de explotación de uranio en una provincia que todavía lucha contra las consecuencias del saqueo con la complicidad estatal: en Abra Pampa el 80 por ciento de los chicos está contaminado con plomo; en Pan de Azúcar, el cianuro está a la vista. Los venenos del modelo minero. Y sus antídotos.
En la mina Pan de Azúcar, caminando entre polvo de cianuro derramado de las bolsas de plástico con dibujos de calaveras, es posible abrirse a dilemas de orden moral y nasal. Ejemplos:
¿Cómo puede esta mina célebre, abandonada y letal, estar abierta así, sin control alguno, ni siquiera un alambrado, a 100 metros de una escuela?
¿Qué olor tiene el cianuro?
La primera pregunta quedará brevemente en suspenso. Sobre el olor, Ariel Méndez, integrante de Red Puna, no termina de decidirse: “Es cortante”. A Noemí Cruz, una joven mamá kolla que prefirió esperar afuera con sus pequeños hijos, le recuerda a baño lavado (tal vez haya percibido el sodio que contienen las lavandinas). Entre la altura de la Puna y el cianuro, conviene lograr dos cosas a la vez: respirar y no respirar. Hay algo que se va apoderando de las fosas nasales, se aferra a la garganta, irrita los ojos. ¿Insecticida, ácido, un gas espeso? Algunos informan que el cianuro no tiene olor (gente que no visita Pan de Azúcar), y otros sugieren que sí, y que evoca almendras amargas. Fausta Mamani ronda con elegancia indígena los 80 años. Sombrero gris sobre un pañuelo rojo que le cubre el pelo, pulóver blanco bajo un saquito de lana azul, poncho marrón de vicuña cruzado sólo sobre un hombro, pollera colorada. La fuerza y la alegría de esos colores son aire puro. Se lo puede intuir en la foto que ilustra nuestra tapa. Pero Fausta está un poco harta ante el dilema:
-¿A qué va a tener olor el cianuro? A veneno. Por eso me mata los animales. Y nadie hace nada.
Jujuy es como Fausta: antigua, elegante y amenazada. El 24 por ciento de su territorio está a tiro de las multinacionales mineras, con 470 explotaciones -como los megaproyectos Pirquitas y Aguilar- y 1.200 pedidos de cateo y explotación de 13.000 kilómetros cuadrados (65 veces el tamaño de la Capital Federal), principalmente en la Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 160 kilómetros y belleza deslumbrante, y la Puna, ese altiplano que a casi 4.000 metros de altura toca el cielo.
Pero una serie de movilizaciones, puebladas y hasta chusmeríos, están tratando de cambiar la historia minera. Los que se larguen a respirar este viaje, quedan ante el desafío de conocer una situación económica, política y social a veces absurda, y asfixiante. Hay que tomarlo con calma, aprovechando todo el oxígeno posible, y buscando descubrir qué hay más allá del vaho a almendras amargas.
Chusmerío y movilización
Juella no figura en los mapas ni en los diccionarios. Está habitada por apenas 100 familias. Allí nació una movilización social que copó a la bella y shoppinesca Tilcara, hizo que una jueza atravesara ventanas, parió una legislación contra la minería a cielo abierto, y frenó un proyecto minero multinacional. No se sabe el significado del nombre, que es anterior aun a la invasión de dos tribus: los incas con el quechua, y los españoles con el castellano. En Juella los indios Tilcara construyeron un pucará (fortaleza), que no alcanzó para protegerlos, pero hoy es atracción arqueológica y turística. La arqueología del presente indica que la mejor defensa es moverse, más que hacer pucarás.
El pueblito está a 6 kilómetros de Tilcara, a 1.700 kilómetros de la Capital Federal y a 2.500 metros de altura, en plena quebrada. En el vivero comunitario San Cayetano, Tomasa cuenta: “Acá vimos pasar una camioneta, se fue para arriba. Vino un vecino, el Mono, artesano con puesto en la plaza de Tilcara, donde está todo el chusmerío, y se enteró de la minera. Un día escuché una bomba en los cerros. Pensé que era por la fiesta de San Juan, el 24 de junio, pero me di cuenta de que eran ellos, los de la minera”.
En el vivero trabajan 20 vecinos de la zona, perfeccionando lo que cultivan en sus huertas. Juella alberga el Festival del Durazno y la Humita, en marzo. El vivero San Cayetano forma parte de la Red Puna y eso lo conecta con otras 35 comunidades de la quebrada y la Puna.
El artesano, el Mono, es Cristian Giménez, oriundo de Mar del Plata que hace cuatro años está instalado en Juella con Carolina, su compañera nacida en Cali, Colombia, y sus hijitos Amsaya y Awki. Cristian y Carolina hacen aros, pulseras y colgantes labrados con un arte inusual, en su casita de Juella, ante un paisaje onírico. No llega la televisión abierta ni el cable, hay tres vecinos con televisión satelital. “No nos quemamos la cabeza haciendo zapping para no encontrar nunca nada. Acá hay sanidad mental y cosas más interesantes que mirar” dice Cristian. Apenas le llega la señal del celular, que lo conecta día por medio con su mamá.
Cosas que mirar. “Vimos la camioneta -cuenta Carolina, que no ha perdido el acento caleño- quisimos pararla y no nos hicieron caso. Los vi luego en la plaza de Tilcara, saliendo de la Municipalidad. Les pregunté qué hacían. Exploraciones, solamente uranio, me dijeron. Era este señor”. Muestra la tarjeta que le dio Juan Guillermo Orozco, geólogo, director y gerente para Sudamérica -según se lee- de la empresa Uranio del Sur. “Le dije que tenía que pedir permiso al Centro Vecinal, y que además iban a mucha velocidad en la camioneta”. El centro vecinal es presidido por don Eduardo Peloc. Orozco fue con un funcionario municipal. “Les dijimos que no los vamos a dejar entrar. No queremos que nos envenenen, ni que nos maten” relata Tomasa, la esposa de Don Peloc. Carolina suma: “Después supimos que mintieron, pidieron permiso no sólo para uranio sino oro, plata, cinc y demás”. Red Puna organizó charlas con especialistas, Cristian preparó fotocopias y volantes para la gente de Juella. “Acá no tenemos Internet, usamos un locutorio de Tilcara con re buena onda, no nos cobraban las fotocopias y ya era fin de mes”.
En pocos días, Juella se convirtió en una academia sobre el verdadero significado de la minería. “La radiactividad de la explotación de uranio llega a 200 kilómetros a la redonda -informa Carolina-. Ni siquiera dan trabajo. Todo lo hacen máquinas” agrega la kolla Pilar. “La gente ha sido muy sumisa, pero ahora ya no” completa Verónica.
La movida omitió pensar siquiera en el intendente, concejales de Tilcara y funcionarios provinciales. “Es que son políticos. Y si te dormís, te instalaron la minera. Al final nos apoyaron todos” editorializa Cristian. El intendente Félix Diaguita Pérez, radical, había declarado: “Tengo todo controlado”. Cristian: “Nuestra duda era, ¿a favor de la minera o en contra? Nunca mostró de qué lado estaba, hasta que vio que íbamos en serio. Ahí firmó”.
Jueza por la ventana
Uno de los concejales de Tilcara, el radical Eduardo Escobar, llegó a Juella y se puso a disposición de los vecinos: “Hago lo que ustedes quieran”. Dos abogados, María José Castillo (de Red Puna) y Enrique Oyharzábal (del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y colaborador los hermanos Jesús y Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y párroco de La Quiaca, respectivamente) redactaron el proyecto de ordenanza que Escobar presentó al Concejo Deliberante. El 10 de julio llegaron a Tilcara para reunirse con los vecinos el director de Minería de la provincia, Martín Sánchez, el secretario de Cultura, Jorge Noceti, y la jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty.
Paralelamente, la comunidad salió desde Juella caminando los 6 kilómetros hasta Tilcara, sumando en el camino a más vecinos y hasta escuelas enteras. Para cuando llegaron frente al municipio, ya pasaban largamente las mil personas. A último momento se sumaron algunos integrantes de los movimientos Tupaj Katari (del ex célebre Perro Santillán) y la Corriente Clasista y Combativa (maoístas que apoyaron a los ruralistas en el reciente round con el gobierno). Los comercios y boutiques se plagaron de letreros contra la minería de uranio.
El Salón de Actos municipal quedó desbordado. Sánchez, Noceti y Durruty salieron a la vereda, fuera de la recova del municipio, para hablar con micrófono. Tomasa: “La verdad es que la gente se ha enojado, sobre todo con la jueza, porque seguía diciendo que defendía la minería”. El abogado Oyharzábal aporta una impresión: “La actitud fue de mucha soberbia, frente a gente que estaba realmente indignada”. Cristian: “Es que no querés que te sigan haciendo el verso”. Durruty no pertenece al Poder Judicial: se llama “juez de minas” a la persona que otorga los permisos a las empresas.
La gente le gritaba a la jueza si estaba o no a favor de la minería, y cuando le preguntaron “¿y qué vas a hacer con el Pan de Azúcar?” dio media vuelta rumbo a la Municipalidad. Los caballeros Sánchez y Noceti rumbearon sigilosamente hacia otro lado. La jueza quedó sola en medio de la gente, erró el camino, y terminó entrando al municipio por una ventana. El público seguía reclamándole dentro del Salón de Actos y ella finalmente fugó por otra puerta hasta llegar a la comisaría. Fue un momento de obvia tensión.
El intendente Diaguita Pérez firmó la ordenanza que ya habían aprobado los concejales por unanimidad, y la leyó al público. “Como nunca la había visto -se ríe Tomasa- ni sabía las palabras”. Tropezó especialmente con “lixiviación”, término que define cómo el cianuro quema la tierra para separarla de los metales. Uno de los carteles en la calle decía: “Si sos Diaguita defendé a los indígenas”. La jueza Durruty ya había huido de Tilcara.
La ordenanza o el marketing
La ordenanza 13/08 recuerda principios constitucionales sobre la preservación del ambiente, denuncia la destrucción del suelo, el agua y el aire que provoca la minería a cielo abierto, enumera catástrofes ambientales ocurridas en el mundo por este tipo de emprendimientos y reproduce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea, por ejemplo:
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
“Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Finalmente el texto prohíbe en el departamento de Tilcara “la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”. Tal vez lo principal sea otra cosa: la ordenanza podría ser un caso testigo de los efectos institucionales que puede tener una veloz movilización social, como ya ocurrió en Famatina (La Rioja, donde en 2007 se frenó a la Barrick Gold y se prohibió la minería a cielo abierto) o la premonitoria Esquel, que con un plebiscito en 2003 detuvo la instalación de Meridian Gold.
Detalles curiosos: Tilcara es el primer Municipio Indígena de Argentina, y la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). “Pero si sos Municipio Indígena, eso no puede ser sólo marketing” dice el kolla Ariel, de Red Puna, y revela un dato para turistas: “Ni siquiera hubo más trabajo. Muchas de las artesanías y tejidos típicos que te venden en Tilcara los traen de Bolivia”. Cristian y Carolina también se indignan: “Las señoras que tejen en serio no tienen lugar donde mostrar y vender lo que hacen, pero las cosas truchas tienen espacio”. La propia Red Puna (que tiene una cooperativa que produce increíbles tejidos de lana de oveja y fibra de llama) no tiene puesto en Tilcara y sí sus propios locales en Abra Pampa y Maimará.
¿Y qué significa Patrimonio de la Humanidad? María José, la abogada: “Es algo turístico, pero ni siquiera desarrolla un turismo que beneficie a la gente del lugar. Y al ser ‘de la humanidad’ parecería que no es de nadie”. Remo Leaño, del grupo de vecinos autoconvocados de Tilcara, y diseñador de páginas web, cree que se trata de un negocio inmobiliario “que benefició a la gente del poder, y la gente del poder ahora apuesta por el negocio minero. Dicen que lo del Patrimonio de la Humanidad permitió mover 14 millones de dólares en turismo. Eso es un vuelto comparado con la minería”. ¿Quién es esa gente del poder? “Imaginate: los políticos asociados con las empresas mineras”.
¿Contra el progreso?
Cristian está molesto. “Un día discutí con la directora del hospital que decía que estar contra la minería es estar contra el progreso. Yo le dije: estamos en contra de que nos maten”. Uranio del Sur pertenece a Uranio AG, fundada en 2006 con sede en Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense (paisana de Barrick Gold) Rome Resources ltd, ubicada en Vancouver. Allí, en la Columbia Británica de Canadá, también está prohibida la minería de uranio, mientras esta subsidiaria tiene ya 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luis, 171.000 hectáreas. Los canadienses serían tan reacios al progreso como los habitantes de Tilcara. Facundo, psicólogo e integrante de los equipos de formación de Red Puna: “También sería progreso que haya agua, te dicen que en la Puna no hay agua, pero cuando aparece una minera hay millones de litros diarios. Lo que no hay es voluntad política de hacer un cambio estructural”. La idea de que oponerse a la muerte, el empobrecimiento y la enfermedad es oponerse al progreso, es tal vez una curiosidad turística que la provincia debería publicitar.
El mecanismo de estos emprendimientos se basa en la confusión. Las autoridades jujeñas dijeron que Uranio del Sur tenía sólo dos pedidos otorgados por la jueza Durruty, uno de 500 y otro de 9.099 hectáreas, pero la investigación vecinal ya reveló que había al menos tres pedidos más de exploración. Leaño: “Todo va demostrando que el gobierno provincial miente”.
Los kollas y campesinos parecen tenerlo muy claro. Tomasa: “Nos quieren sacar del medio”. Verónica: “Nos quieren someter”. Ariel cree que todo esto aporta a la expulsión de la gente de sus tierras. El abogado Oyharzábal se suma: “Esto es un proyecto de años para convertir a Jujuy en una provincia minera con un criterio de pura extracción, para llevarse todo”. No se trata de un paranoico. “Al revés, el problema que tenemos las sociedades es que nos enteramos de estas cosas al final. Se ve con el trazado de los dos gasoductos que van hacia Chile, que pasan por todo el corredor minero mientras acá mismo, en Tilcara, no tenemos gas. Lo mismo con los tendidos eléctricos. El Estado no está representando a la sociedad, sino a las empresas, y a un proyecto minero”.
A nivel nacional se puede recordar al secretario de Minería, Jorge Mayoral, empresario minero, o a la propia Presidenta haciendo algún acto de campaña con el logo de Barrick Gold a sus espaldas (propietaria de las megamineras Veladero y Pascua Lama, de San Juan). Además, las leyes mineras surgidas de la creatividad del gobierno de Carlos Menem siguen intactas. Las empresas pagan regalías de menos del 3% sobre lo que ellas mismas declaran, no pagan iva, ni impuesto a los combustibles, ni a la importación de sus maquinarias (que incluyen como “inversión”), ni siquiera el impuesto al cheque, y tienen el campo libre porque el Estado está expresamente impedido de actuar en el rubro. Si alguien quisiera redistribuir la riqueza, en este nicho hay con qué entretenerse.
También es cierto que hay otros enemigos del “progreso” minero, como Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, y La Rioja posmenemista, que prohibieron estas andanzas mineras aunque casi siempre como efecto de la movilización de sus comunidades. En Tucumán, además, existe una rama de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (ufima), bajo la órbita del fiscal general Antonio Gómez. Tramitan 60 denuncias, y de allí nació el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán contra el vicepresidente de Bajo Alumbrera (Catamarca), Julián Rooney, por el delito de contaminación, donde se considera “cómplice” al secretario de Minería Mayoral. Y allí también fueron indígenas y campesinos jujeños a denunciar lo que ocurre en la provincia.
Tal vez por esas cosas, el director de Minería provincial, Martín Sánchez, no tuvo problemas en confesarle a la abogada María José Castillo lo siguiente: “Ah no, acá nunca vamos a hacer audiencias públicas por el tema ambiental. Mirá si después nos pasa como en Esquel”.
Doctrina del plomo
Cuando estaba llegando a Abra Pampa, la llamada capital de la Puna, 3.500 metros de altura, me topé con una de las marchas más extrañas que puedan imaginarse. Sobre el asfalto vacío de la ruta 9, en medio del desierto puneño, por donde no hay ningún lugar lógico al cual llegar caminando, salvo un pueblito a 40 kilómetros, poco más de cien personas pasaban junto al cementerio de Abra Pampa (los cementerios jujeños parecen fiestas por los colores de las flores de plástico). Iban muy rápido. Mujeres kollas coloridas y exasperadas, chiquitos con mochilas escolares, hombres con pancartas. ¿A dónde estaban yendo? Paola Arias, 26 años, una mujer pequeña y enorme, tres hijas, visiblemente irritada, me sorprende:
Vamos a Jujuy. Los funcionarios habían prometido venir. Nos mintieron. Si el gobierno no viene, entonces nosotros vamos allá.
Pero estamos a 230 kilómetros.
(Enojada) No nos importa. Hace décadas que tenemos un cerro de escoria. Una montaña de plomo, y residuos tóxicos. La mayoría de la gente está contaminada. Mi nena, Malca, tiene índice 22 de plomo en sangre. Tiene problemas de la vista, nadie se hace cargo, no hay ni pediatras.
¿Por qué no vinieron los funcionarios?
(Paola mira el asfalto para disimular las lágrimas, pero sigue hablando) ¡No sabemos! Estamos muy molestos señor, es humillante. Diego Orellana, secretario de Gobierno, prometió venir. Nos engañaron otra vez pidiéndonos la confianza para votar. Queríamos hablar. Tenemos la contaminación con plomo, no hay cloacas. Ni agua. ¿Qué dicen los gobernantes? “Hay que dialogar”. Bueno, hace años que estamos dialogando: pero además hay que hacer algo. En Tilcara salieron a la calle, nosotros salimos a la ruta. Acá nos explotan a todos. La verdad es que el gobierno nacional tendría que hacer algo. Pero todos hablan mucho, y nadie hace nada.
Veinte años de soledad
Paola me cuenta que buscarán subirse a algunos camiones, o hacer dedo para que los automovilistas al menos acerquen a los chicos. Acompaño la marcha un kilómetro, y no puedo caminar más. Los veo irse y no sé si están locos, o si la suya es la única lucidez posible para sobrevivir en esta normalidad. En Abra Pampa, Julio y Mario, de Red Puna, me llevan a conocer lo que me contó Paola. La minera Metalhuasi ya no existe, pero dejó en el medio de Abra Pampa dos recuerdos. Un gran terreno de derrame de químicos de unos 100 metros por 100 y, efectivamente, una montaña de escoria de plomo, de casi seis metros de altura, que están allí desde hace más de 20 años.
Sobre 234 casos estudiados de chicos de 6 a 12 años, el Centro de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigido por la doctora en bioquímica Graciela Bovi Mitre, detectó que el 81 por ciento tiene valores superiores a los 5 microgramos de plomo en sangre. Resultado: daños neuromadurativos (retardo de crecimiento), plomo depositado en los huesos (con dolores imaginables) y los dientes, baja de las defensas, alergias, predisposición a las infecciones, sobre todo las urinarias. Yolanda, de Red Puna, una de las afectadas, agrega sin perder la sonrisa: “Hay muchos tumores, casos de leucemia y cáncer. Yo también tengo problemas…”, y sin terminar señala su zona abdominal.
Los principales transmisores de plomo a la población en Abra Pampa son la tierra y el viento. Agua no tanto, por pura escasez, aunque el agua que se consigue es posible que esté contaminada por el vaciadero de desechos químicos. El bid (Banco Interamericano de Desarrollo) dio un préstamo para limpiar Metalhuasi, pero lo único que se hizo fue levantar un alambrado. El resto del dinero no se sabe a qué cuentas bancarias fue. La noticia: el alambrado ya está roto. El padre Jesús Olmedo intentó llamar la atención sobre esta situación en 2007. Organizó una peregrinación, que terminó con su propia cucifixión simbólica sobre la montaña de plomo. Ni así le hicieron caso.
Contra todo pronóstico razonable, Paola, los 40 chicos, y 60 adultos llegaron a San Salvador de Jujuy dos días después. Automovilistas y camioneros fueron haciendo fluir esa marcha. Acamparon frente a la Gobernación. Ante el hecho consumado, un grupo fue recibido por cuatro funcionarios. Sede del encuentro: el estacionamiento de la Gobernación, a cielo abierto. De los 14 puntos que llevaban, según el diario El Tribuno de Jujuy, les prometieron:
1) Llamar en 45 días a una licitación, para comenzar las obras de saneamiento.
2) Arreglar las pocas cloacas que hay en Abra Pampa, e incluir en el presupuesto 2009 una planta depuradora de líquidos cloacales.
3) Derivar un camión cisterna, con agua potable para Abra Pampa.
Los ministros ni siquiera prometieron algo con respecto a otros pedidos, como el envío de médicos clínicos o especializados en envenenamiento por plomo. Luego de 20 años, 45 días de plomo en sangre parecen poco. Podría incluso proponerse inaugurar la planta de líquidos cloacales como monumento al progreso, brindando con agua del camión cisterna. El Centro de Investigación Química no ha estudiado qué tienen los funcionarios en la sangre. Otros comentarios acerca de estos hallazgos quedan a cargo de los lectores presentes.
Cianuro en tus ojos
Si un Estado y sus gobiernos no logran limpiar plomo y residuos químicos en lugares del tamaño de sendas canchitas de fútbol durante 20 años, ¿qué garantía pueden dar frente a los proyectos de megaminería en marcha? Tal vez sólo sea una pregunta apunada. El gobierno de Jujuy tiene, como era de esperar, una instancia de control: el Departamento de Policía y Control Minero, área que cuenta exactamente con un (1) funcionario, el geólogo Juan Carlos Lavadenz. El propio Martín Sánchez reconoció que el organismo está totalmente superado en su posibilidad de trabajo.
De Abra Pampa a la mina Pan de Azúcar, en el departamento de Rinconada, se llega por un camino de unos 70 kilómetros de tierra y piedra en el que no hay señalizaciones. Ariel y María José son baqueanos para orientarse en la Puna. Como un espejismo en ese desierto de yuyos rodeado por cerros, se ve la Laguna de Pozuelos, declarada Monumento Natural. Llegamos a Pan de Azúcar. La población completa es de menos de 60 habitantes.
Seguimos hacia la mina, llevando a Noemí Cruz con su hijito Alexandro y su beba Ester (los asombrosos cachetes de los bebés kollas deberían ser algo más que Patrimonio de la Humanidad). En el camino hay una especie de manchón grisáceo al pie de dos cerros, como la escupida de un gigante en el paisaje. “Es el derrame químico del dique de colas” explica María José. Un tramo más, y dejamos la camioneta frente al establecimiento, que es como un pueblo blanco colgado de un barranco, arrasado por alguna guerra. Se cruza una tranquera abierta y ridícula, porque no hay alambrado que la contenga. Recorremos las construcciones, que alguna vez habrán sido oficinas y ya no tienen techos, ventanas ni puertas. La mina está supuestamente cerrada desde 1989.
Las sucesivas denuncias hicieron que el gobierno provincial enviara a don Martín Sánchez, que ya en 2006 ejerció el arte de la promesa sobre la “remediación del pasivo ambiental” (jerigonza que significa limpiar la contaminación). No se hizo nada. En 2007 el caso, ya emblemático, fue denunciado por las Comunidades Aborígenes y Pueblos Indígenas de Jujuy ante la ya citada ufima, que dictaminó la existencia de contaminación en el Río Cincel, en la Laguna de Pozuelos y en los campos de la zona. Como se detectó la presencia de bolsones de cianuro y además dinamita, allí fue la Gendarmería: sólo se llevó la dinamita. La jueza de Minas llegó en 2007, prometiendo nuevamente remediar el pasivo ambiental, alambrar el perímetro de la mina para que nadie pueda entrar (especialmente los chicos de la Escuela Albergue de Pan de Azúcar, que pasan allí toda la semana; la escuela está a menos de cien metros de la mina) y prometió tapar los socavones.
Actualmente, la realidad es la siguiente:
La mina está abierta a cualquiera que quiera entrar.
Los socavones (pozos que parecen infinitos) también están abiertos. Con el flash de la cámara de fotos no se alcanza a ver el fondo.
En el gran galpón se encuentra el cianuro caído de bolsas de la empresa química brasileña Metacril, ilustradas con enormes calaveras y leyendas en portugués: “cianato de sodio” y “este saco contem um veneno mortal”. (Dato positivo: si los chicos de la escuela anduvieron jugando por aquí sin matarse, es indicio de que las futuras generaciones jujeñas acaso sean indestructibles).
Otro problema: vecinos de Pan de Azúcar y Rinconada se han ido llevando techos, ventanas y puertas para sus propias viviendas. Empiezan a faltar también partes de las paredes de chapas del galpón. Cuando sopla viento, vuela el cianuro. Doña Fausta Mamani llegó agitando los brazos pensando que íbamos a robar más chapas. “Se mueren los animales, las ovejitas, los cabritos. Nos hace mal a la nariz y el pecho. Nadie arregla esto”. María José narra que hace dos meses estuvo reunida con el director de Minería Martín Sánchez, quien le dijo: “¿En serio sigue habiendo bolsas de cianuro? Ya las vamos a sacar. Gracias por avisarme”.
En la recorrida encontramos también toda la papelería de la empresa, de los años 1985 y 1986: recibos, facturas y hasta ejemplares de la Mining Magazine, revista dedicada a ilustrar las bondades de esta industria. La mina pertenecía a Río Cincel samic, y más recientemente a Lapacha Minera. Siempre con la misma apoderada, Graciela Comas. Ambas empresas, según descubrió la Fiscalía tucumana, tienen pedidos de exploración en esta misma área, que la jueza de Minas debe definir. Y Lapacha aseguró en 2007 haber estado haciendo tareas en el lugar, lo que explicaría que las bolsas de cianuro -y el cianuro- estén tan bien conservados. Ya no postulan la minería de socavón, sino a cielo abierto. Como dice Sánchez, el director de Minería: “El futuro minero se presenta más que interesante y prometedor para la provincia”.
Fin con sabor
Cuando anochece, las estrellas parecen lámparas y la luna es tan grande que marea. Al día siguiente, el abogado Oyharzábal, en Tilcara, cuenta: “La participación de las comunidades indígenas y de los vecinos consiste en decirles: vení y firmá, o andate. Una vez un diputado radical, Raúl García Goyena, me dijo con tono de patrón de estancia: ‘Escúcheme, la democracia es que ustedes delegan, y nosotros somos los representantes’. Eso está en crisis, esa cosa de funcionarios que se creen reyes que pueden hacer cualquier cosa. Pero la gente ya no se calla, ni delega, porque se empieza a ver que se tiene que plantar, porque el Estado posiblemente no sólo no la defienda, sino que además es socio de las mineras”.
En Abra Pampa, María de la Red Puna, me contó que ya están armando reuniones en toda la zona para oponerse también allí (algo más difícil que en la turística Tilcara) a la infección minera. Con esa sonrisa sabia y suave de las “mamitas” kollas, reconoce que toda la experiencia de estos años con la gente organizándose es transformadora.
“Pero lo primero que se transformó fue mi forma de pensar. Pensar que otros hicieron la historia. Que la realidad ya está, así como es, y que uno no puede hacer nada. Que hay que cumplir las órdenes y lo que está dado, en el trabajo, en la vida. En cambio aquí uno dice: yo puedo hacer otras cosas. Y las puedo hacer con los demás”. Luego menciona algo que en Jujuy parece aplicable a la movida de kollas, abogados, campesinos, webmasters, curas, tejedoras, militantes, comerciantes y artesanos: “Y bueno, eso nos pasa: le fuimos agarrando el gusto”.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
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